El miércoles 17 de Mayo, el Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, detuvo el proceso de destitución en su contra disolviendo el congreso liderado por la oposición, conocido como Asamblea Nacional, que le había acusado de malversación de fondos.
Ahora, en lugar de su destitución, Lasso seguirá gobernando durante los próximos seis meses acogiéndose a una medida constitucional que nunca antes se había utilizado, denominada “muerte cruzada”. Esta disposición permite a Lasso disolver el gobierno, lo que a su vez obligaría al Consejo Nacional Electoral a convocar elecciones presidenciales y legislativas en un plazo de 90 días. Lasso podría entonces presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales.
Lasso acudió a la televisión para acusar a la Asamblea Nacional de “desestabilizar al gobierno”. Dijo que disolver la legislatura daría “al pueblo el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones” y añadió: “no se trata de salvar una presidencia, sino de preservar una democracia que funcione.”
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador y la Policía de Ecuador emitieron una declaración propia, apoyando la decisión del Presidente e instando al público a mantener la calma.
Los críticos de Lasso, como Leonidas Iza Salazar, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, contraatacaron calificando su medida del miércoles de “cobarde autogolpe”.
Will Freeman, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, dijo a CNN que Lasso “causaría absolutamente inestabilidad” con su llamamiento a la muerte cruzada. “Lasso es demasiado impopular para beneficiarse de la impresión de que está pasando por encima de los controles y equilibrios para conseguir por fin que se haga algo”.
Las autoridades temen ahora que la decisión de Lasso desencadene una revuelta política en Ecuador. El general Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, instó a los ecuatorianos a no recurrir a la violencia en estos momentos de incertidumbre.
