El Título 42 se expiro y solo dos días después la norma de la era de Trump que permite expulsar migrantes de manera expedita por razones de salud pública vinculadas a la pandemia del covid-19, la presión de miles de inmigrantes en la frontera sur del país ha ido aumentando hasta niveles alarmantes para las autoridades locales.
El gobierno federal cifra en unos 152,000 los migrantes que aguardan en albergues y calles de estados del norte de México esperando poder cruzar hacia territorio estadounidense, según un fuente familiarizada con las estimaciones federales citada por la cadena CNN.
Según la misma fuente, sólo en el estado de Chihuahua habría unos 60,000 migrantes, en Tamaulipas otros 35,000 y en Coahuila 25,000.
A ello se suma el flujo constente de inmigrantes que llegan al sur de México provenientes de Centroamérica, Suramérica, el Caribe y otros países. Solo este lunes una nueva ola de cerca de 5,000 migrantes de diversos países llegó a Chiapas, indica un reporte de la agencia española Efe.
El gobierno de Biden se ha apresurado a poner en marcha planes para frenar el previsible ‘tsunami’ migratorio, con el envío de 1,500 militares a la frontera con México que realizará tareas administrativas durante 90 días, aunque no tendrán la misión de detener o procesar a los migrantes sino de transporte y detección de narcóticos.
Este domingo, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, durante una entrevista con el programa ‘Face the Nation’ de la cadena CBS, advirtió que aquellos extranjeros indocumentados que sean detenidos en la frontera a partir del jueves y no tengan visa, un patrocinador o una cita a través de la aplicación CBP One se enfrentarán a una deportación y 5 años de castigo sin poder entrar legalmente al país.