CIUDAD DE MÉXICO – La decisión de la Suprema Corte de México de invalidar todas las sanciones penales federales por aborto abrió el acceso a millones de personas al extenso sistema de salud pública, un año después de que su homóloga estadounidense se pronunciara en sentido contrario.
La sentencia del miércoles no tuvo el mismo impacto inmediato que Roe contra Wade, la sentencia del Tribunal Supremo de EE.UU. de 1973 que garantizaba el acceso de las mujeres al aborto. Pero fue un cambio drástico en esta nación predominantemente católica que podría dar impulso a los esfuerzos para legalizar el aborto en todo el país.
Según el ordenamiento jurídico mexicano, la sentencia no invalida todas las sanciones penales por aborto, que siguieron vigentes el jueves en 20 de los 32 estados del país.
Sin embargo, el fallo significa que los proveedores de servicios de salud del gobierno ya no deben preocuparse por las sanciones federales por aborto, porque el tribunal dictaminó que eran una violación inconstitucional de los derechos humanos de las mujeres.
Millones de mujeres mexicanas reciben servicios de atención sanitaria del gobierno nacional, por lo que la sentencia tiene un impacto inmediato. La sentencia también proporcionó a los defensores del derecho al aborto una poderosa herramienta que pueden utilizar para continuar su labor, estado por estado, de impugnar las restricciones al aborto.
Sin embargo, además de las restricciones aún vigentes en muchos estados, muchos millones de mujeres mexicanas trabajan fuera de la economía formal, lo que las sitúa fuera de las afectadas rápidamente por la sentencia del miércoles.
En México, el aborto no se considera un delito, pero muchos médicos se niegan a practicarlo.
La celebración se extendió por las redes sociales.
“¡Hoy es un día de victoria y justicia para las mujeres mexicanas!”. escribió el Instituto Nacional de las Mujeres de México en un mensaje en la plataforma de redes sociales X, antes conocida como Twitter. La organización gubernamental calificó la decisión de “gran paso” hacia la igualdad de género.
La senadora Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte, dijo en X que el fallo representaba un avance hacia “una sociedad más justa en la que se respeten los derechos de todos”.
Pero otros en México condenaron la decisión. Irma Barrientos, directora de la Asociación Civil por los Derechos del Concebido, dijo que los opositores continuarán la lucha contra la ampliación del acceso al aborto.
“No vamos a parar”, dijo Barrientos. “Recordemos lo que pasó en Estados Unidos. Después de 40 años, la Corte Suprema revirtió su decisión sobre el aborto, y no vamos a parar hasta que México garantice el derecho a la vida desde el momento de la concepción.”
En toda América Latina, los países han tomado medidas para levantar las restricciones al aborto en los últimos años, una tendencia a menudo denominada “ola verde”, en referencia a los pañuelos verdes que llevan las mujeres que protestan por el derecho al aborto en la región.
Algunas mujeres estadounidenses ya habían solicitado ayuda a activistas mexicanas del derecho al aborto para obtener las píldoras utilizadas para interrumpir el embarazo.
Ciudad de México fue la primera jurisdicción mexicana en despenalizar el aborto hace 16 años.
Desde la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos del año pasado, la mayoría de los estados dirigidos por legisladores y gobernadores conservadores han adoptado prohibiciones o restricciones más estrictas. Mientras tanto, los estados con gobiernos liberales han tomado medidas para intentar proteger el acceso al aborto.
La división política del gobierno estadounidense hace improbable una prohibición o legalización a escala nacional, al menos a corto plazo.
