CIUDAD DE PANAMÁ – La Corte Suprema de Panamá dictaminó el martes (28 de noviembre) que una concesión de 20 años para una mina de cobre canadiense que ha sido el foco de protestas ambientales generalizadas era inconstitucional y el presidente dijo que más tarde comenzaría un proceso para cerrar la mina.
Quienes se oponen a la mina Cobre Panamá argumentaron que dañaría una zona costera boscosa y amenazaría el suministro de agua. El anuncio de la decisión del tribunal de nueve miembros después de cuatro días de deliberaciones desató vítores entre una multitud de personas que esperaban afuera y ondeaban banderas panameñas. Minera Panamá, la filial local de la canadiense First Quantum Minerals, que opera la mina en el centro de Panamá, dijo en un comunicado que “Cobre Panamá reconoce la decisión del tribunal”.
“Queremos afirmar nuestro compromiso inquebrantable con el cumplimiento normativo en todos los aspectos de nuestras operaciones dentro del país”, escribió la empresa. “Haremos más comentarios a medida que se hagan públicos detalles adicionales sobre el fallo”.
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo a la nación el martes que tan pronto como su administración reciba formalmente la decisión del tribunal, ésta será publicada en el diario oficial y se iniciará un proceso “para un cierre ordenado y seguro de la mina”.
La mina emplea a miles de personas y representa el 3% del producto interno bruto de Panamá.
La disputa sobre la mina provocó algunas de las protestas más generalizadas en Panamá en los últimos años, incluido el bloqueo de la central eléctrica de la mina. Los manifestantes también bloquearon partes de la carretera Panamericana, incluido un tramo cerca de la frontera con Costa Rica.
Justo antes de que se anunciara el fallo, abrieron la carretera para que pudieran pasar los camiones de carga. Después de que comenzaron las protestas, el gobierno estuvo a punto de aprobar una legislación que habría revocado el contrato, pero dio marcha atrás en un debate en la Asamblea Nacional el 2 de Noviembre.
Una decisión judicial que declaró inconstitucional el contrato fue la última oportunidad para que los opositores lograran que lo desestimaran. El gobierno canadiense dijo que respetaba el fallo del martes y que estaba siguiendo de cerca la negociación del contrato. En un correo electrónico, Jean-Pierre J. Godbout, portavoz del Departamento de Asuntos Globales del gobierno, dijo que el gobierno “espera constantemente una solución acordada que sea beneficiosa para todas las partes”.
