SAN JUAN, Puerto Rico – El director ejecutivo de una junta federal de control que supervisa las finanzas de Puerto Rico dijo que es «imposible» que el territorio estadounidense pague los 8.500 millones de dólares que exigen los tenedores de bonos en un caso de quiebra que afecta a la compañía eléctrica de la isla.
Robert Mujica Jr. dio a conocer el martes un nuevo plan fiscal para la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, en el que afirma que el Gobierno puede pagar a los acreedores 2.600 millones de dólares. El plan, solicitado por un juez federal que supervisa el caso, no prevé ningún aumento de las tarifas para ayudar a pagar la deuda de más de 9.000 millones de dólares de la empresa y los gastos previstos son superiores a los del plan fiscal anterior.
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La junta permanece en una mediación contenciosa con los acreedores mientras intenta reestructurar la única deuda pendiente que queda desde que Puerto Rico declaró en 2015 que no podía pagar su carga de deuda pública de más de 70.000 millones de dólares y luego solicitó la mayor bancarrota municipal estadounidense de la historia dos años después.
Los economistas han dicho que el caso no resuelto ha asustado a posibles inversores y ha obstaculizado el desarrollo económico de la isla.
Mujica señaló que las autoridades aún no saben de dónde obtendrían la financiación para los 2.600 millones de dólares que ofrecen, pero advirtió que no debería provenir de un aumento de las tarifas eléctricas, dadas las ya elevadas facturas de electricidad y el frágil estado de la red de Puerto Rico.
«El sistema necesita inversión», dijo Mujica, añadiendo que todos los ingresos deberían destinarse a fortificar y mejorar la red. «Los puertorriqueños merecen tener una empresa eléctrica que rinda y que sea fiable».
La isla sufre apagones crónicos que empeoraron después de que el huracán María arrasara la red cuando azotó Puerto Rico como una tormenta de categoría 4 en septiembre de 2017. Sin embargo, la red ya se estaba desmoronando dada la falta de mantenimiento e inversión durante décadas.
Mujica dijo que si el Gobierno accedía a las demandas de los bonistas, que suman $12 billones de dólares incluyendo intereses, supondría un aumento de la tarifa eléctrica de hasta ocho céntimos que, según él, los puertorriqueños no pueden permitirse.
La oferta actual de $2.6 billones, que representa una reducción del 80% de la deuda de la compañía eléctrica, ha sido aceptada por el 44% de los acreedores y un tercio de todos los tenedores de bonos.
Luma Energy, que supervisa la transmisión y distribución de energía en Puerto Rico, afirma que la red necesita hasta $25 billones de dólares de financiación federal hasta el año fiscal 2034 para reconstruir y mantener completamente el sistema.
De los $17 billones de dólares que se esperaba recibir de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de EE.UU., sólo se han desembolsado 3.200 millones, dijo Mujica.
