La Fiscalía española está investigando las acusaciones de que el cantante ganador de un Grammy Julio Iglesias agredió sexualmente a dos antiguas empleadas en sus residencias de la República Dominicana y las Bahamas en 2021.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional confirmó que recibió una denuncia formal el 5 de enero y está evaluando si el caso es de su competencia, lo que permite a España juzgar los presuntos delitos cometidos en el extranjero por ciudadanos españoles. Iglesias no ha hecho declaraciones públicas y su abogado en Estados Unidos no ha respondido a las solicitudes de comentarios.
Las mujeres, representadas por la organización de derechos humanos Women’s Link Worldwide, acusan a Iglesias de acoso sexual, abuso y explotación laboral, alegando que eran vigiladas de cerca, confinadas en sus propiedades y obligadas a trabajar largas jornadas sin contrato. La fiscalía ha concedido a las mujeres la condición de testigos protegidas y dispone de un plazo de seis meses, prorrogable a un año, para decidir si presenta cargos. Las acusaciones, difundidas inicialmente por medios de comunicación españoles y estadounidenses, han llevado al Gobierno español a reafirmar su compromiso de combatir la violencia contra las mujeres, mientras que el Ministerio de Cultura ha anunciado que está estudiando la posibilidad de revocar una distinción honorífica concedida a Iglesias en 2010.
