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CIUDAD DE MÉXICO — Manifestantes que exigen justicia por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 embistieron el jueves con un camión las puertas de una base militar en la Ciudad de México y prendieron fuego al vehículo.

La protesta se produjo en vísperas del aniversario de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, un caso que para muchos mexicanos se ha convertido en emblemático de la participación del Estado en el derramamiento de sangre en la nación latinoamericana.

En 2014, los estudiantes habían requisado varios autobuses con los que planeaban viajar a la Ciudad de México para participar en una protesta en conmemoración de la masacre de manifestantes perpetrada por las fuerzas gubernamentales en 1968.

Las autoridades creen que los estudiantes fueron secuestrados en el camino y asesinados por miembros de un cártel criminal vinculado a funcionarios gubernamentales y militares, y se ha detenido a decenas de personas, entre ellas un ex fiscal general, funcionarios locales, militares y policías.

Aún no se ha condenado a nadie, y muchos manifestantes creen que la implicación del Estado en los asesinatos de Ayotzinapa puede ser más profunda de lo que se ha revelado hasta ahora.Los alumnos actuales de la escuela, situada en el estado sureño mexicano de Guerrero, se unieron a los familiares de los desaparecidos en una manifestación frente a la base militar para presionar al ejército mexicano a que ayude a esclarecer las desapariciones. Los manifestantes llevaban consigo fotos de los desaparecidos.

Muchos de los detalles del crimen siguen siendo un misterio: ni el motivo ni el destino de las víctimas se han esclarecido por completo, aunque se han identificado los restos carbonizados de tres de ellas.

El caso sigue alimentando la indignación en todo México. Durante años, las familias y sus abogados han exigido a las fuerzas armadas mexicanas que entreguen cientos de documentos que podrían ser la clave para resolver el caso, pero el ejército no lo ha hecho.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha sustituido al fiscal encargado del caso e insiste en que hay nuevas líneas de investigación, las familias afirman que no han visto ningún avance.