Casi 200 organizaciones han solicitado al gobierno federal de Estados Unidos y a la gobernadora de Puerto Rico restablecer $350 millones destinados a instalar sistemas solares y baterías en 12,000 hogares de bajos ingresos. Muchas de estas familias dependen de electricidad constante por condiciones médicas o discapacidades, lo que vuelve crítica la ayuda en medio de apagones frecuentes y ante la cercanía de la temporada de huracanes. Líderes comunitarios advierten que el acceso a energía confiable puede ser literalmente una cuestión de vida o muerte.
El gobierno local ha señalado que la cancelación responde a una decisión federal y que los fondos se redirigirían a la deteriorada red eléctrica de la isla, afectada desde el huracán María en 2017. Aunque el uso de paneles solares ha crecido en Puerto Rico, con miles de instalaciones recientes, más del 40% de la población vive en pobreza y no puede costear estos sistemas por su cuenta. Mientras tanto, el programa ya había beneficiado a más de 6,000 hogares, pero deja a otros 12,000 en incertidumbre.
Historias como las de adultos mayores y personas con enfermedades crónicas reflejan el impacto directo: equipos médicos sin energía, alimentos que se dañan y gastos adicionales imposibles de cubrir. Organizaciones y residentes denuncian la falta de respuestas oficiales antes del cierre del programa y temen que las comunidades más aisladas, especialmente en zonas rurales y montañosas, queden aún más vulnerables ante emergencias.
