El plan del presidente salvadoreño Nayib Bukele de liberar bajo ciertas condiciones a algunas personas detenidas durante la ofensiva masiva de su gobierno contra las pandillas ha generado frustración entre familias que aseguran que sus seres queridos fueron arrestados injustamente.
Bukele anunció que las autoridades están revisando más de 10,000 casos de presuntos colaboradores de pandillas, de los cuales hasta la mitad podrían optar a una liberación condicional o a realizar servicio comunitario para reducir sus condenas. Sin embargo, las familias insisten en que la libertad por sí sola no es suficiente: exigen que cada caso sea revisado individualmente, que se exonere plenamente a los inocentes y que se les indemnice por los daños sufridos.
Desde que El Salvador declaró el régimen de excepción en marzo de 2022, las autoridades han detenido a más de 90.000 personas, mientras organizaciones de derechos humanos han documentado miles de presuntos arrestos arbitrarios y violaciones al debido proceso. Algunas familias llevan años sin poder comunicarse con sus parientes encarcelados, y al menos 564 personas han muerto bajo custodia estatal, según Socorro Jurídico Humanitario, una organización salvadoreña de derechos humanos. Bukele ha defendido la ofensiva como una medida necesaria para combatir a las pandillas, y la política ha recibido un amplio respaldo popular a medida que las tasas de homicidios han disminuido considerablemente. Sin embargo, expertos advierten que los cambios en la definición oficial de homicidio podrían influir en las cifras.
Para las familias, la liberación condicional corre el riesgo de mantener la etiqueta de delincuentes sobre personas inocentes, con consecuencias duraderas para su futuro. Natalia Funes de Claros, cuyo hijo espera juicio desde que fue detenido en 2022, asegura que ha soportado años de incertidumbre y dificultades económicas sin saber qué ha sido de él. Arely Martínez cuenta que sus hermanos encarcelados no pudieron despedirse de su padre antes de que muriera, mientras que los arrestos también han afectado las oportunidades de otros miembros de la familia. “El gobierno tiene que pagar por lo que ha hecho”, afirmó Funes de Claros, reflejando una exigencia más amplia de rendición de cuentas, justicia y reconocimiento del sufrimiento causado por las detenciones masivas.
