El gobierno de El Salvador ha empezado a cobrar una tasa de $1,130 dólares a los viajeros procedentes de decenas de países que hacen escala en el principal aeropuerto del país, en medio de la presión de Estados Unidos para que ayude a controlar los flujos migratorios hacia su frontera sur.
Desde finales de Octubre, ciudadanos de 57 países, en su mayoría africanos, y de India han tenido que pagar la tasa, según la autoridad de aviación de El Salvador.
Las autoridades de aviación no han dicho si la medida tenía como objetivo reducir la migración y han descrito la tarifa como una “tasa de mejora aeroportuaria”, pero el gobierno de El Salvador ha reconocido un aumento de los viajeros procedentes de esos países este año. Además, Estados Unidos ha estado presionando a los países centroamericanos para que frenen los flujos migratorios hacia su frontera con México. Las autoridades estadounidenses afirman que detuvieron a migrantes allí más de 2 millones de veces durante el año fiscal que terminó el 30 de septiembre.
La autoridad de aviación de El Salvador dijo que la mayoría de los pasajeros que tienen que pagar la tasa se dirigen a Nicaragua en la aerolínea comercial Avianca. Debido a sus laxos requisitos de visado, Nicaragua es un punto de tránsito para emigrantes procedentes de Haití y Cuba, así como de África, que intentan llegar a Estados Unidos.
Tanto la autoridad de aviación como la agencia de inmigración de El Salvador dijeron que no disponían de datos sobre cuántos migrantes de los países enumerados habían transitado por el país este año.
Un portavoz de la embajada estadounidense declinó decir si Estados Unidos había solicitado la tasa. Sin embargo, la posibilidad de ayudar a Estados Unidos a controlar la migración podría suponer un impulso político para el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que busca la reelección a pesar de la prohibición constitucional y se enfrenta a un escrutinio por su historial en materia de derechos humanos.
El Departamento de Estado estadounidense denunció que la guerra de Bukele contra las poderosas bandas callejeras ha provocado “torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y otros abusos relacionados” a decenas de miles de personas detenidas. Su gobierno también ha perseguido a periodistas, activistas y críticos.
Pero parece que la migración vuelve a ocupar un lugar prioritario en la agenda bilateral de ambos países, ya que Biden también aspira a la reelección.
Aunque el gobierno de Biden ha dicho que las naciones centroamericanas “necesitan dar un paso adelante y hacer más” para controlar la migración, no todas han recibido la petición con los brazos abiertos.
Guatemala, Costa Rica, Colombia y Ecuador han colaborado con Estados Unidos en la apertura de centros para migrantes que buscan pedir asilo, solicitar la reunificación familiar o permisos temporales de trabajo.
Por otro lado, Nicaragua ha abierto sus puertas a cientos de vuelos chárter que transportan a decenas de miles de migrantes cubanos y haitianos con destino a Estados Unidos en los últimos meses.
Los vuelos -que un analista describió como la “militarización de la migración como política exterior” por parte de Nicaragua- fueron recibidos con una feroz advertencia por parte de la administración Biden.
