Guatemala violó los derechos de los indígenas al permitir una enorme mina de níquel en tierras tribales hace casi dos décadas, según una sentencia dictada el viernes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El histórico veredicto marca un paso monumental en una lucha de cuatro décadas por los derechos territoriales de los indígenas y una larga y amarga batalla legal, que en ocasiones se ha extendido a las calles del norte de Guatemala.
También se produce al término de la cumbre sobre el clima COP28 de las Naciones Unidas, en la que se hizo más hincapié que nunca en la importancia de las energías renovables y los minerales de transición energética como el níquel.
Según el veredicto leído de madrugada desde Costa Rica, el gobierno guatemalteco violó los derechos de propiedad y consulta del pueblo indígena q’eqchi’, al permitir la explotación minera en tierras donde los miembros de la comunidad han vivido al menos desde el siglo XIX.
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En su sentencia escrita, el tribunal vinculó las violaciones de derechos humanos a “las insuficiencias de la legislación nacional”, que no reconoce la propiedad indígena, y ordenó al Estado que adoptara nuevas leyes.
Leonardo Crippa, abogado del Centro de Recursos Jurídicos para Indígenas que lleva investigando y representando a la comunidad desde 2005, afirmó que la sentencia contra el Estado de Guatemala suponía un avance sin precedentes para los derechos indígenas en Guatemala y a escala internacional.
“Todos los países de América Latina se van a fijar en esta decisión”, dijo Crippa. “Todos los tribunales tendrán que asegurarse de que cualquier decisión que se tome sobre minería, sobre tierras indígenas o sobre titulación de tierras indígenas se haga de forma coherente con lo que ha decidido hoy el tribunal”.
El tribunal también ordenó el cese inmediato de todas las actividades mineras, dio a Guatemala seis meses para empezar a conceder un título de propiedad a la comunidad y ordenó la creación de un fondo de desarrollo. No se podrán realizar más actividades mineras sin el consentimiento de la comunidad.
El departamento guatemalteco de medio ambiente, responsable de la autorización inicial de la mina, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Associated Press.
Para Ricardo Tot, un líder local, el veredicto es la reivindicación de una batalla de toda la vida contra la mina y el Estado que acabó con la vida de su propio hijo.
Guatemala concedió por primera vez permisos de exploración masiva en la mina Fénix, en el este del país, a la empresa canadiense Hudbay hace poco menos de dos décadas. En 2009, el jefe de seguridad de la mina mató a tiros al hijo de Tot. Dos años después, Hudbay vendió la mina a una filial local de la empresa suiza Solway Investment Group.
“Perder la vida no importa, pero sólo por algo importante”, dijo Tot.
“Dentro de nuestro himno hay una parte en la que dice ‘vencer o morir’. Si muero defendiendo mi tierra, entonces creo que es algo que quedará como historia de nuestra lucha”, afirmó.
Durante más de una década de litigios nacionales y ahora internacionales tras el asesinato del hijo de Tot, se filtraron documentos que parecían mostrar que la mina intentaba dividir a la comunidad sobornando a algunos lugareños para que testificaran ante el tribunal a favor de la mina.
En respuesta, el Tesoro estadounidense sancionó en noviembre de 2022 a dos funcionarios de Solway implicados en las acusaciones. La sentencia del viernes no menciona las acusaciones de soborno, pero sí deja constancia de que la comunidad sufrió “violencia, amenazas y acoso” entre 2006 y 2019.
La mina Fénix no es el único conflicto entre las minas internacionales que ofrecen minerales de energía limpia y las comunidades indígenas de la región, ni es probable que sea el último.
Las protestas indígenas y ecologistas sacudieron Panamá durante semanas a principios de este año, cuando el gobierno aprobó un contrato de 20 años para la filial local de una empresa canadiense. Finalmente, una sentencia del Tribunal Supremo anuló el contrato y ordenó el cierre de la mina de cobre.
Mientras tanto, un estudio publicado el año pasado calculaba que más de la mitad de las minas de minerales críticos existentes y previstas se sitúan en tierras indígenas o cerca de ellas. En su intervención en la COP28, el Secretario General de la ONU, António Guterres, advirtió de la posibilidad de que se produzcan este tipo de conflictos a medida que crece la demanda de minerales como el níquel.
“La extracción de minerales esenciales para la revolución de la energía limpia -desde parques eólicos hasta paneles solares y fabricación de baterías- debe realizarse de forma sostenible, justa y equitativa”, afirmó Guterres.
