BOGOTÁ, Colombia – Colombia y Panamá no están protegiendo a cientos de miles de migrantes que cruzan la selva del Darién en su camino hacia Estados Unidos y se han vuelto cada vez más vulnerables a robos y violencia sexual, señaló Human Rights Watch en un informe publicado el miércoles.
El organismo de control instó a ambos países a designar funcionarios de alto nivel para coordinar la respuesta a la crisis humanitaria que se desarrolla en el Darién y recomendó que sus gobiernos trabajen conjuntamente para mejorar la seguridad y garantizar una mayor asistencia por parte de grupos internacionales.
“Cualquiera sea el motivo de su viaje, los migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el Tapón del Darién tienen derecho a una seguridad básica y al respeto de sus derechos humanos durante el trayecto”, señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, en un comunicado emitido antes de la publicación del informe.
Goebertus también instó al Gobierno de Panamá a reconsiderar su reciente decisión de suspender las actividades de la organización médica benéfica Médicos Sin Fronteras (MSF) en su territorio.
“Restringir el trabajo de MSF es exactamente lo contrario de lo que se necesita para abordar la situación en la Franja del Darién”, afirmó Goebertus.
Las recomendaciones de Human Rights Watch llegan en un momento en que un número récord de migrantes atraviesa la selva del Darién en su camino hacia Estados Unidos.
La travesía por la selva puede durar entre tres y cinco días, y los migrantes pagan cientos de dólares a guías y contrabandistas para que les lleven por senderos embarrados y traicioneros cruces de ríos. Decenas de personas se han ahogado.
El lado colombiano del Darién está controlado por el Clan del Golfo, un grupo de narcotraficantes que cobra impuestos a los guías locales y gana hasta 125 dólares por cada migrante que cruza a Panamá, según estimaciones facilitadas a HRW por militares colombianos y citadas en el anterior informe del grupo sobre el paso del Darién, publicado en noviembre.
En su informe más reciente, HRW afirmó que el gobierno de Colombia debe garantizar que los fiscales “investiguen el papel del Clan del Golfo en el traslado de migrantes y solicitantes de asilo a través del Tapón del Darién”. También instó a Colombia a aumentar la presencia del Estado en la zona y a dedicar más recursos a los organismos que investigan los ataques contra migrantes.
“Los delitos contra migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién, incluidos los casos generalizados de violencia sexual, quedan en gran medida sin investigar y sin castigar a ambos lados de la frontera”, señala el informe. “La rendición de cuentas por estos abusos es poco frecuente, debido a una combinación de recursos y personal limitados (…) y a la escasa coordinación entre las autoridades colombianas y panameñas”.
En Febrero 2024, Médicos Sin Fronteras afirmó que los casos de violencia sexual en el Darién estaban aumentando a niveles “exponenciales”, con 113 migrantes atendidos por síntomas de violencia sexual en dos campamentos del extremo norte del Tapón del Darién en el lapso de una semana. En un comunicado de prensa, la organización se mostró “indignada por el nivel de impunidad” con el que operan los grupos criminales en la región. Poco después, las operaciones de MSF en Panamá fueron suspendidas por el gobierno de ese país.
En el informe del miércoles, HRW instó a Panamá a permitir que MSF y otros grupos humanitarios operen en el país sin “restricciones indebidas”. También acusó al gobierno de Panamá de promulgar políticas que limitan los movimientos de los migrantes.
En virtud de una política conocida como “flujo controlado”, Panamá permite a los migrantes que cruzan la selva del Darién entrar en su territorio y los acoge brevemente en dos campamentos, donde pueden pagar para subir a autobuses que los llevan directamente a Costa Rica, el siguiente país en la ruta hacia Estados Unidos.
Human Rights Watch señaló en su informe que las autoridades panameñas impiden salir de los campamentos a los migrantes que no pueden pagar los billetes de autobús. La organización hizo un llamamiento a Panamá para que modifique su estrategia de flujo controlado y establezca un plan que garantice el derecho de los migrantes que deseen permanecer en Panamá para solicitar asilo, al tiempo que permita a los que quieran continuar su viaje circular libremente dentro de la nación.
