CIUDAD DE MÉXICO – La Cámara baja del Congreso mexicano aprobó el miércoles una polémica ley que pondría en marcha la reforma judicial más radical del siglo al exigir que todos los jueces se presenten a las elecciones.
En una sesión maratoniana en la que los legisladores se vieron obligados a reunirse en un gimnasio después de que manifestantes bloquearan el edificio del Congreso, la cámara baja aprobó la medida constitucional 359-135 en una primera votación de línea partidista justo antes de que saliera el sol el miércoles por la mañana. La medida, que requiere una mayoría de dos tercios, fue aprobada por un margen similar en una segunda votación esa misma mañana, y ahora se dirige al Senado.
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El partido gobernante de México afirma que los jueces del actual sistema judicial son corruptos, y quiere que todo el poder judicial del país – unos 7,000 jueces – se presente a las elecciones.
La votación se prevé muy reñida en el Senado, aunque el partido del Presidente parece dispuesto a ganar el único voto que le falta allí. De ser aprobada por el Senado, la propuesta constitucional se enviaría a los 32 congresos estatales de México, donde deberá ser aprobada por la mayoría de ellos. El partido de López Obrador controla la mayoría de los estados.
Los críticos afirman que la medida devastará el sistema de pesos y contrapesos de México.La votación del miércoles fue posible gracias a que el partido Morena de López Obrador y sus aliados obtuvieron mayorías abrumadoras en las elecciones del 2 de Junio.
La sesión, que duró toda la noche, se celebró después de que los manifestantes bloquearan el martes la entrada al Congreso de México en un intento de exigir un debate sobre la reforma judicial.
Los tribunales de México han estado durante mucho tiempo plagados de corrupción y opacidad, pero en los últimos 15 años han sido objeto de reformas para hacerlos más abiertos y responsables, incluido el cambio de muchos juicios a puerta cerrada y basados en papel por un formato más abierto y oral.
Los cambios propuestos afectarían a unos 7,000 jueces de distintos niveles e introducirían un límite de tiempo para que los jueces se pronuncien sobre muchos casos, con el fin de combatir la tendencia de algunos juicios a alargarse durante décadas. Y lo que es más polémico, las reformas también introducirían «jueces encapuchados» para presidir los casos de delincuencia organizada; sus identidades se mantendrían en secreto para evitar represalias.
