Durante décadas, los residentes en EE.UU. han encontrado medicamentos más baratos en las ciudades mexicanas, especialmente en las fronterizas. Entre los consumidores se encuentran personas mayores e inmigrantes que no pueden permitirse la medicación necesaria en EE.UU. La escasez de Adderall en EE.UU. podría estar impulsando a los padres a viajar a ciudades mexicanas en busca de la medicación necesaria para tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad de sus hijos.
Ya en Mayo de 2020 una advertencia en un sitio de Tripadvisor afirmaba: “Farmacias de Los Cabos venden pastillas con fentanilo”. La persona que posteaba bajo el apodo Spreadingfacts escribió: “Mi hermano falleció el año pasado después de comprar pastillas en una farmacia de Cabo.” A lo largo de varios mensajes, el autor afirmó que su hermano murió tras comprar lo que él creía que eran pastillas de Oxycontin. Cuando se analizó su sangre, reveló la presencia mortal de fentanilo.
En aquel momento, en la página web del Departamento de Estado de EE.UU. sobre viajes a México sólo se publicó un vago aviso sobre medicamentos falsificados, sin mencionar que podían contener fentanilo, que puede ser mortal en pequeñas dosis, ni su fácil disponibilidad en pequeñas farmacias.
Sólo después de recibir presiones de legisladores estadounidenses tras los artículos de The Times, el Departamento de Estado añadió en marzo una alerta sanitaria detallada de que los medicamentos falsificados que se venden en farmacias que no son de cadena podrían tener consecuencias mortales.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la agencia de salud de México conocida por sus siglas COFEPRIS, finalmente allanó tres farmacias en Los Cabos el mes pasado. Detuvieron a cuatro personas e incautaron más de 25.000 dólares en efectivo y casi 25.000 pastillas que las farmacias no estaban autorizadas a vender, aunque las autoridades afirman que ninguna de estas pastillas contenía fentanilo o metanfetamina.
La negación por parte de México del alcance de la crisis del fentanilo en ese país es profunda. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha negado que la droga se produzca en México a pesar de las pruebas que demuestran lo contrario y culpa a la enorme demanda estadounidense de drogas ilícitas como el problema. A su vez, las autoridades estadounidenses culpan al gobierno mexicano de no hacer lo suficiente para combatir a los cárteles de la droga que están masacrando personas y asolando ciudades en todo Mexico.
No es sorprendente que se vendan ilegalmente pastillas que contienen fentanilo o metanfetamina en ciudades mexicanas que atraen a turistas. Pero la disponibilidad en farmacias añade un falso barniz de legitimidad que magnifica el peligro para la salud pública de todos, no sólo de quienes buscan opiáceos con fines dudosos.
La urgencia ha aumentado en lo que respecta al fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína. Una alerta sanitaria en una oscura página web del Departamento de Estado es totalmente insuficiente para advertir a los consumidores.
La COFEPRIS de México es muy consciente de la falsificación de medicamentos que se producen y venden en todo el país, y publica regularmente alertas sobre marcas específicas que han sido fabricadas falsamente. Recientemente, la agencia ha producido un podcast en el que explica cómo los consumidores pueden detectar pastillas falsas examinando el envase en busca de características específicas como fechas de caducidad, números de lote, etc. Esta información, que puede salvar vidas, debería difundirse más ampliamente en Estados Unidos.
La COFEPRIS también regula las farmacias mediante la realización de inspecciones, aunque la agencia es conocida por la corrupción dentro de sus filas. A principios de este año, los dirigentes del gobierno despidieron a 11 empleados en una campaña contra la corrupción.
Las medidas enérgicas y las redadas ocasionales en farmacias son sólo medidas provisionales que pueden ser contraproducentes. Los investigadores en salud pública llevan mucho tiempo advirtiendo de que una estrategia policial de incautaciones y detenciones pone en peligro más vidas al empujar el mercado de estas drogas aún más hacia la clandestinidad, provocando más sobredosis. Un estudio sobre las consecuencias de la aplicación de la ley publicado en el número de julio de 2023 de la revista American Journal of Public Health lo confirma.
Hasta que las autoridades estadounidenses no empiecen a escuchar a estas familias y a tratar este problema como la grave amenaza para la salud pública que es, morirá más gente.
