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QUITO, Ecuador – El frágil sistema de seguridad de Ecuador se puso en evidencia el jueves (31 de agosto) con una cadena de explosiones de coches bomba y la toma como rehenes de más de 50 agentes de las fuerzas del orden en el interior de varias prisiones; esto ocurrió semanas después de que el país se alarmara por el asesinato de un candidato presidencial.

La Policía Nacional de Ecuador informó de que no habían heridos por las cuatro explosiones en Quito, la capital, y en una provincia fronteriza con Perú, mientras que el ministro del Interior, Juan Zapata, dijo que ninguno de los agentes del orden tomados como rehenes en seis prisiones diferentes había resultado herido.

El sistema penitenciario, conocido como Servicio Nacional de Atención a las Personas Privadas de Libertad, perdió en los últimos años el control de las grandes prisiones, que han sido escenario de violentos motines con decenas de muertos. Ha optado por trasladar a los reclusos para gestionar las disputas entre bandas.

En Quito, la primera bomba estalló el miércoles por la noche en una zona donde antes se encontraba una oficina del sistema penitenciario del país. La segunda explosión en la capital se produjo a primera hora del jueves fuera de la ubicación actual del organismo.

El general de la Policía Nacional de Ecuador Pablo Ramírez, director nacional de investigaciones antidrogas, dijo a los periodistas que la policía encontró cilindros de gas, combustible, fusibles y bloques de dinamita entre los escombros de las escenas del crimen en Quito, donde el primer vehículo en explotar fue un coche pequeño y el segundo una camioneta.Zapata dijo que siete de los rehenes de la prisión son policías y el resto son guardias penitenciarios. En un video compartido en las redes sociales, que Zapata identificó como auténtico, un policía que se identifica como el teniente Alonso Quintana pide a las autoridades “no tomar decisiones que vulneren los derechos de las personas privadas de libertad”. Se le puede ver rodeado de un grupo de policías y funcionarios de prisiones y dice que los reclusos tienen retenidas a unas 30 personas.

Las autoridades ecuatorianas atribuyen el repunte de la violencia en el país en los últimos tres años a un vacío de poder provocado por el asesinato en 2020 de Jorge Zambrano, alias “Rasquiña” o “JL”, líder de la banda local Los Choneros. Sus miembros llevan a cabo asesinatos por encargo, dirigen operaciones de extorsión, mueven y venden drogas y gobiernan las prisiones.
Los Choneros y otros grupos similares vinculados a carteles mexicanos y colombianos se disputan las rutas del narcotráfico y el control del territorio.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, dijo al canal de televisión Teleamazonas que esperaba “que la justicia actúe con rapidez, honestidad y contundencia”. “No nos vamos a rendir. Que reine la paz, la calma y la seguridad entre los ciudadanos”, dijo Muñoz.

La Policía Nacional del país contabilizó 3,568 muertes violentas en los primeros seis meses de este año, mucho más que las 2,042 registradas en el mismo periodo de 2022. Ese año cerró con 4.600 muertes violentas, la cifra más alta de la historia del país y el doble que en 2021.