CIUDAD DE GUATEMALA – La fiscal general de Guatemala pidió al gobierno que actuara contra protestantes pacíficos. Desde hace dos semanas, los manifestantes han salido a las calles para exigir su dimisión por lo que consideran claros intentos de debilitar la democracia de su nación.
Las protestas están alimentadas por las acusaciones de que la Fiscal General, Consuelo Porras, ha intentado impedir que el Presidente electo, Bernardo Arévalo, tome posesión de su cargo en enero.
Desde que emergió como aspirante político a principios de este año, Arévalo -un outsider progresista que desafía a la élite que ha controlado durante mucho tiempo la nación centroamericana- y su partido Movimiento Semilla se han enfrentado a oleadas de ataques legales. Estos se intensificaron cuando ganó las elecciones en agosto.
Los ataques han incluido redadas en instalaciones electorales y la suspensión del partido político de Arévalo, lo que ha mermado su capacidad para gobernar.
Tales medidas contra el nuevo líder impulsaron a los grupos indígenas y a los habitantes de las zonas rurales, durante mucho tiempo marginados de la sociedad guatemalteca, a convocar una huelga indefinida, que comenzó con 14 bloqueos. Tras dos semanas de protestas, los bloqueos se han extendido a más de 80 carreteras de todo el país.
En un vídeo difundido el lunes por la mañana, Porras calificó de “ilegales” las manifestaciones en su contra, y pidió que las autoridades despejen por la fuerza las carreteras bloqueadas y permitan de nuevo la libre circulación de las personas.
“Quiero expresar mi total desacuerdo y rechazo” a las protestas, dijo, añadiendo que “violan claramente los derechos de todos los guatemaltecos”.
Las protestas han sido en su mayoría pacíficas, pero su mensaje llega después de un par de incidentes durante el fin de semana. Personas molestas por los bloqueos de carreteras arremetieron con sus coches contra los manifestantes y posteriormente fueron detenidas por causar daños materiales y atentar contra la vida de las personas que protestaban.
Porras y otros fiscales han sido sancionados por el gobierno estadounidense y se les ha retirado el visado de entrada, acusándolos de obstruir la lucha anticorrupción y socavar la democracia en el país.
