BOGOTÁ, Colombia – El mayor grupo criminal de Colombia dijo el martes que ha aceptado la oferta del presidente Gustavo Petro para iniciar negociaciones de paz, pero los próximos pasos en cualquier conversación no fueron inmediatamente claros.
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -denominadas Clan del Golfo por el gobierno colombiano- han sido descritas por los analistas como una amenaza para los actuales esfuerzos de Petro por negociar acuerdos de paz con los restantes grupos rebeldes del país.
El lunes por la noche, Petro dijo que estaba dispuesto a iniciar negociaciones de paz con el grupo si éste “se atreve” a abandonar el narcotráfico, deja de gravar a las empresas locales y deja de beneficiarse del tránsito de migrantes hacia Estados Unidos.
El grupo respondió el martes con un comunicado en X en el que decía que aceptaba la invitación del presidente a iniciar negociaciones. Negó estar implicado en el tráfico de migrantes.
El Clan del Golfo fue fundado por antiguos miembros de grupos paramilitares de derecha que se desmovilizaron a principios de la década de 2000. Se ha descrito como un grupo apolítico que controla cada vez más las comunidades donde administra justicia, cobra impuestos a las empresas locales y emplea a jóvenes.
Se calcula que el grupo cuenta con 9,000 combatientes y gana más de 4,000 millones de dólares al año con sus actividades ilícitas, lo que lo convierte en el grupo armado más rico de Colombia, según un informe publicado el martes por International Crisis Group.
“Los grupos armados que están negociando (con el gobierno) en la actualidad no están sometidos a la presión militar del Estado, sino del Clan del Golfo”, declaró a The Associated Press Elizabeth Dickinson, autora del informe. “Así que sobrevolando todos los procesos de negociación en curso se cierne la amenaza de que deponer las armas… se traduce en entregar economías, territorios y comunidades ilícitas” al grupo.
Dickinson dijo que iniciar negociaciones con el Clan del Golfo sería esencial para los esfuerzos del gobierno por pacificar las zonas rurales de Colombia.
Pero las conversaciones con el Clan del Golfo se han visto obstaculizadas por la legislación que limita la capacidad del gobierno para negociar con grupos criminales que no se cree que tengan motivaciones ideológicas.
La ley colombiana de “paz total”, creada durante los primeros días del gobierno de Petro, designó al Clan del Golfo como grupo criminal en lugar de grupo insurgente.
Aunque una sentencia de 2023 de la Corte Constitucional de Colombia establece que el gobierno puede iniciar conversaciones con grupos criminales, no puede ofrecerles condiciones concretas para su desarme.
En su lugar, el Clan del Golfo tendría que negociar su desarme con el fiscal general de Colombia.
El lunes, Petro dijo que le había pedido al fiscal general que propusiera condiciones para que los miembros del Clan del Golfo pudieran dejar las armas colectivamente.
“Si nacieron aquí, tienen derecho, como cualquier otro ciudadano, a discutir lo que quieren para el futuro de su territorio”, dijo Petro.
