BOGOTÁ, Colombia – El Gobierno de Colombia modificó este martes los protocolos policiales para permitir una mayor intervención en manifestaciones donde se presenten daños a bienes públicos o bloqueos que impidan el acceso a servicios esenciales.
La medida, impulsada por el presidente conservador Abelardo de la Espriella, ha sido cuestionada por activistas, organizaciones de derechos humanos y políticos opositores, quienes advierten que las nuevas reglas podrían ampliar las facultades policiales y aumentar el riesgo de violencia contra los manifestantes.
Los cambios se publicaron horas antes de las primeras grandes protestas contra el Gobierno, previstas para el miércoles en varias ciudades, con la participación de partidos opositores, sindicatos, comunidades indígenas y movimientos sociales que rechazan sus políticas económicas y de seguridad.
De la Espriella afirmó que el derecho a la protesta pacífica seguirá garantizado, pero advirtió que no permitirá bloqueos que impidan a las personas trabajar o afecten el comercio. Los nuevos protocolos consideran ciertas acciones, como el vandalismo y los bloqueos que interrumpan servicios esenciales, posibles actos de agresión. También establecen la creación de «corredores humanitarios» durante las manifestaciones.
En las zonas rurales de Colombia, las comunidades indígenas suelen bloquear vías principales para exigir respuestas del Gobierno o el cumplimiento de programas sociales. Algunos de estos bloqueos se han prolongado durante semanas.
A diferencia de las normas anteriores, que exigían priorizar el diálogo y la mediación antes de recurrir a la fuerza, las nuevas directrices consideran estas medidas opcionales cuando se produzcan actos de agresión o vandalismo.
La senadora opositora Jennifer Pedraza advirtió que los cambios podrían favorecer un aumento de la violencia policial. «El Gobierno está intentando reprimir a la gente y buscando formas de justificarlo», afirmó.
La preocupación se apoya en los antecedentes de las protestas antigubernamentales de 2021, cuando al menos 46 personas murieron en medio de manifestaciones relacionadas con la desigualdad económica tras la pandemia de COVID-19. Organizaciones de derechos humanos responsabilizaron a agentes policiales de muchas de esas muertes.
