La Corte Suprema de Costa Rica ha pedido al poder legislativo que despoje al Presidente Rodrigo Chaves de su inmunidad legal para que pueda ser juzgado por cargos de corrupción, lo que supone la primera vez que el tribunal trata de revocar la inmunidad de un presidente.
El caso se refiere a las acusaciones de que Chaves concedió lucrativos contratos de consultoría a un socio cercano, Federico «Choreco» Cruz, desviando parte de un contrato de 32,000 dólares financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, acusación que Chaves niega. La decisión del tribunal, tomada por 15 votos a favor y 7 en contra, pasa ahora al Congreso, controlado por legisladores de la oposición, que determinará si se revoca la inmunidad, lo que permitiría continuar con el juicio.

El caso salió a la luz en 2023 tras la filtración de grabaciones de audio en las que supuestamente se escuchaba a Chaves hablar de la implicación de Cruz en los contratos. Además, los fiscales han acusado al presidente de financiar ilícitamente su campaña electoral de 2022, algo que Chaves también niega. Junto con Chaves, el tribunal ha llamado a juicio a Jorge Rodríguez, su ministro de Cultura y antiguo jefe de gabinete, en relación con el mismo caso. Los acontecimientos ponen de relieve un importante desafío jurídico para el presidente en medio de las continuas acusaciones de corrupción y abuso de autoridad.