SAN JOSÉ, Costa Rica — Considerada durante mucho tiempo uno de los países más pacíficos de Centroamérica, Costa Rica está adoptando medidas más estrictas contra el narcotráfico y el crimen organizado. El miércoles, la presidenta Laura Fernández inauguró una megacárcel de 35 millones de dólares, inspirada en el controvertido Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.
El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado tiene capacidad para 5.100 reclusos y refleja la creciente influencia regional de las políticas de seguridad de mano dura del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Aunque Bukele ha reducido los homicidios a mínimos históricos, su gobierno enfrenta acusaciones de abusos generalizados y detenciones masivas.
El giro de Costa Rica responde al aumento del crimen organizado, impulsado por los carteles internacionales de la droga que utilizan los puertos y la ubicación estratégica del país para transportar cocaína hacia Europa. Carteles mexicanos, grupos criminales colombianos, pandillas venezolanas y mafias italianas han ampliado su presencia, intensificando la competencia y alimentando la violencia local. Los homicidios alcanzaron un récord de 907 en 2023, convirtiendo la seguridad pública en una de las principales preocupaciones de la población y en un factor clave en la elección de Fernández. Aunque los asesinatos han disminuido ligeramente desde entonces, la inseguridad sigue siendo motivo de preocupación.
La nueva prisión refleja una tendencia regional más amplia, con países como Ecuador, Honduras, Perú y Colombia interesados en el modelo de Bukele. Muchos costarricenses respaldan el aislamiento de los delincuentes más peligrosos, pero los expertos advierten que reproducir la estrategia de detenciones masivas de El Salvador podría enfrentar obstáculos políticos y legales. Costa Rica también ha reforzado su lucha contra el crimen organizado mediante una reforma constitucional aprobada en 2025 que permite extraditar a sus ciudadanos por delitos de narcotráfico y terrorismo. En marzo de 2026, el país realizó las primeras extradiciones a Estados Unidos bajo esta reforma, incluida la del exministro de Seguridad y exmagistrado de la Corte Suprema Celso Gamboa, acusado de narcotráfico.
