La elección es este domingo, y quien asuma este cargo se enfrentará a una difícil tarea. Lo que le espera es un mandato más corto de lo normal, de 15 meses, como presidente de Ecuador, sumido en una oleada de violencia vinculada al narcotráfico.
Los candidatos en segunda vuelta son Daniel Noboa y Luisa González.
Su experiencia empresarial y como abogados podría ayudarles a cumplir sus promesas electorales. Pero lo único que quieren los ecuatorianos es seguridad, y exigen obtenerla en una fracción ínfima del tiempo que han tardado otros países en abordar la cuestión.
Ecuador, flanqueado por el océano Pacífico y los Andes, está cayendo en espiral. Prácticamente nadie se siente seguro en medio de una violencia sin precedentes que estalló hace aproximadamente tres años con un aumento de la actividad delictiva.
Desde agosto ha alcanzado un nivel impensable, empezando por el asesinato a plena luz del día de un candidato presidencial. Fernando Villavicencio, famoso por su firmeza contra el crimen organizado y la corrupción, fue asesinado el 9 de agosto, pocos días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, a pesar de contar con un dispositivo de seguridad que incluía policías y guardaespaldas.
Desde entonces, otros políticos y dirigentes políticos han sido asesinados o secuestrados, han estallado coches bomba en múltiples ciudades, incluida la capital, Quito, y los reclusos se han amotinado en las cárceles. La falta de control del gobierno permitió incluso el asesinato, a principios de este mes, de siete hombres recluidos en prisiones como sospechosos del asesinato de Villavicencio.
La Policía Nacional contabilizó 3,568 muertes violentas en los seis primeros meses de este año, mucho más que las 2,042 registradas en el mismo periodo de 2022. Ese año terminó con 4,600 muertes violentas, el más alto del país en la historia y el doble del total en 2021.
“Tal vez el nuevo presidente haga algo, eso espero, lo que sea necesario porque vamos muy mal con este tema de la inseguridad”, dijo Edson Guerra, un pintor a quien le robaron su celular el fin de semana. “Antes amenazaban a los que tenían dinero, ahora somos todos, incluso los que no tienen mucho”.
El voto es obligatorio en Ecuador.
Noboa, de 35 años, es heredero de una fortuna construida con el principal cultivo de Ecuador, el banano. Su carrera política comenzó en 2021, cuando ganó un escaño en la Asamblea Nacional y presidió su Comisión de Desarrollo Económico. Abrió una empresa de organización de eventos cuando tenía 18 años y luego se unió a Noboa Corp. de su padre, donde ocupó cargos directivos en las áreas de transporte marítimo, logística y comercial.
González, de 45 años, ocupó varios cargos gubernamentales durante la década de presidencia de Rafael Correa, su mentor, y fue legisladora hasta mayo. Era una desconocida para la mayoría de los votantes hasta que el partido de Correa la eligió candidata presidencial. Al principio de la campaña dijo que Correa sería su asesor, pero últimamente ha tratado de distanciarse un poco en un esfuerzo por cortejar a los votantes que se oponen al ex presidente.
Las causas del repunte de la violencia son complejas. Sin embargo, todas giran en torno al tráfico de cocaína. Cárteles mexicanos, colombianos y balcánicos han echado raíces en Ecuador.
Las autoridades atribuyen el aumento de la violencia a un vacío de poder tras el asesinato en 2020 de Jorge Zambrano, alias “Rasquiña” o “JL”, líder de la banda local Los Choneros. Sus miembros llevan a cabo asesinatos por encargo, dirigen operaciones de extorsión, mueven y venden drogas y gobiernan las prisiones.
Los Choneros y otros grupos similares vinculados a cárteles se disputan las rutas del narcotráfico y el control del territorio, incluso dentro de las prisiones, donde al menos 400 reclusos han muerto desde 2021.
González ha prometido depurar las filas policiales de malos agentes; invertir en inteligencia, tecnología y otros equipos para la policía; y aumentar la presencia de las fuerzas del orden en las fronteras del país.
Noboa ha propuesto cambios en los esfuerzos de inteligencia del país; más municiones y otros equipos para los agentes de policía, que ahora son superados por los delincuentes; y una mayor presencia de los militares en las cárceles, puertos y carreteras. También ha propuesto el uso de barcazas para alojar a los reclusos.
