CIUDAD DE PANAMÁ – El Presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, promulgó una ley que establece una moratoria indefinida para las nuevas concesiones mineras. La ley también prohíbe renovar las concesiones existentes.
La Asamblea Nacional de Panamá aprobó el proyecto de ley el jueves. Sin embargo, se eliminó un artículo que habría revocado un controvertido contrato minero que provocó protestas en todo el país durante las dos últimas semanas.
La nueva ley seguirá permitiendo a Minera Panamá explotar una mina de cobre a cielo abierto en el estado de Colón durante 20 años, con una posible prórroga de otros 20 años.
Los ecologistas sostienen que la mina amenaza con destruir aún más la densa selva que la rodea y pone en peligro el agua potable de la zona.
Minera Panamá es una filial local de la empresa minera canadiense First Quantum.
Algunos abogados celebraron la decisión, advirtiendo que la revocación de ese contrato podría haber dejado al gobierno expuesto a responsabilidades legales multimillonarias.
Sin embargo, los expertos dijeron que éstas podrían evitarse si la Corte Suprema del país dictaminara que el contrato original era inconstitucional en cualquiera de los ocho casos de este tipo presentados contra el acuerdo hasta la fecha.
También está pendiente de debate otro proyecto de ley que sometería el contrato a consulta popular.
Cortizo dio inicialmente su aprobación final al contrato el 20 de Octubre.
Las protestas continuaron el viernes en todo el país, atrayendo a simpatizantes de grupos indígenas y sindicatos de los sectores de la educación, la construcción y la medicina.
En 2017, el Congreso de El Salvador aprobó una prohibición total de la minería de metales en el país, convirtiéndose en uno de los primeros países en promulgar una prohibición tan amplia. Sus defensores afirmaron que la medida era necesaria para proteger el suministro de agua.
