BUENOS AIRES, Argentina – El presidente Javier Milei anunció el miércoles una serie de iniciativas para transformar la economía argentina, entre las que se incluyen la flexibilización de la regulación gubernamental y la privatización de las industrias estatales como forma de impulsar las exportaciones y la inversión.
El presidente libertario de derecha anunció estas medidas para la segunda economía más grande de Sudamérica horas después de que miles de argentinos salieran a las calles de la capital para protestar contra las medidas de austeridad y desregulación adoptadas la semana pasada por Milei.
Alrededor del inicio de la protesta, que reunió a miles de personas, la policía se enfrentó brevemente a algunos manifestantes y detuvo a dos hombres. Pero la manifestación concluyó sin los frecuentes bloqueos de calles de años anteriores.
Sin inmutarse por la protesta, Milei anunció después las medidas en un discurso televisado a la nación:
“El objetivo es iniciar el camino hacia la reconstrucción de nuestro país, devolver la libertad y la autonomía a los individuos y empezar a transformar la enorme cantidad de regulaciones que han bloqueado, estancado y detenido el crecimiento económico en nuestro país”, dijo Milei.
Los cerca de 300 cambios que se proponen privatizarían muchas empresas públicas y relajarían la protección de inquilinos, empleados y compradores.
Tras el anuncio, los habitantes de algunos barrios de Buenos Aires golpearon cacerolas para mostrar su desaprobación. Los “cacerolazos” -protestas ruidosas contra el gobierno en las que la gente golpea cacerolas- han sido simbólicos en Argentina en los últimos años cuando la gente quiere expresar su enfado.
La administración de Milei había dicho que permitiría las protestas, pero amenazó con cortar las ayudas públicas a quienes bloquearan las vías públicas. También se prohibió a los manifestantes llevar palos, cubrirse la cara o llevar niños a la protesta.
Los manifestantes se dirigieron hacia la emblemática Plaza de Mayo de Buenos Aires, escenario de protestas que se remontan a la dictadura del país en la década de 1970. La policía luchó para evitar que los manifestantes ocuparan todo el bulevar, y al final muchos se mantuvieron en las aceras y llenaron aproximadamente la mitad de la plaza.
Hacia el final de la protesta, los organizadores pidieron a los sindicatos del país que declararan una huelga general.
Fue la primera prueba de Milei de cómo respondería su administración a las manifestaciones contra las medidas económicas de choque, que según él son necesarias para hacer frente a la grave crisis de Argentina.
Las medidas incluyen una devaluación del 50% del peso argentino, recortes de las subvenciones a la energía y el transporte y el cierre de algunos ministerios. Se producen en medio de una inflación galopante y un aumento de la pobreza.
Los manifestantes “pueden manifestarse cuantas veces quieran. Pueden ir a las plazas… pero no se van a cerrar las calles”, declaró a los medios locales la ministra de Seguridad de Milei, Patricia Bullrich.
Bullrich anunció un nuevo “protocolo” para mantener el orden público que permite a las fuerzas federales desalojar a las personas que bloqueen las calles sin orden judicial y autoriza a la policía a identificar -por vídeo o medios digitales- a las personas que protesten y obstruyan la vía pública. Puede facturarles el coste de movilizar a las fuerzas de seguridad.
Algunos grupos afirman que el protocolo va demasiado lejos y criminaliza el derecho a protestar.
Grupos sindicales, sociales y de derechos humanos argentinos firmaron el martes una petición solicitando a las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que intercedan contra los nuevos procedimientos de orden público. El documento afirma que el protocolo de seguridad es “incompatible con los derechos de libre reunión y asociación, libertad de expresión y protesta social” reconocidos por la Constitución argentina.
El lunes, el gobierno anunció que las personas que bloqueen las calles podrían ser eliminadas de las listas de beneficiarios de la asistencia pública, en caso de que figuren en alguna de ellas.
Según una encuesta reciente del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires, el 65% de los encuestados está de acuerdo con prohibir los cortes de calles.
