México ha extraditado a 26 presuntos líderes de cárteles a las autoridades estadounidenses, entre ellos miembros de los cárteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, para evitar que continúen sus operaciones ilícitas desde las cárceles mexicanas.
Esta medida, anunciada como un esfuerzo estratégico para garantizar la seguridad pública y desmantelar las redes criminales, no formaba parte de las negociaciones más amplias relacionadas con los aranceles estadounidenses, sino que refleja los esfuerzos de México por frenar la influencia de los cárteles en medio de la creciente presión de la administración Trump.
La operación contó con amplios recursos policiales, y Estados Unidos se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los presos trasladados, con el fin de evitar represalias por parte de los cárteles. Las autoridades mexicanas, incluida la presidenta Sheinbaum, afirman que estas decisiones son soberanas, aunque la medida se ajusta a las demandas de Estados Unidos y a los esfuerzos más amplios para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
