El gobierno de México informó que encontró señales de vida en aproximadamente un tercio de las 130,000 personas registradas como desaparecidas en el país, al cruzar datos como registros de vacunación, declaraciones fiscales y actas civiles.
Las autoridades señalaron que más de 40,000 personas mostraron actividad reciente, lo que sugiere que podrían seguir con vida, y confirmaron a más de 5,000 como “localizadas”. También atribuyeron algunos casos a “ausencias voluntarias”, como personas que abandonaron sus relaciones.
El informe indicó además que el 36% de los casos carece de datos suficientes para investigarse, mientras que otro tercio no muestra actividad alguna; de estos, menos del 10% está bajo investigación criminal.
Colectivos de búsqueda y defensores de derechos humanos criticaron rápidamente los hallazgos, calificándolos de engañosos y poco transparentes, y acusaron al gobierno de minimizar la magnitud de la crisis de desapariciones en México. Sostienen que el número real de personas desaparecidas podría ser mayor debido al subregistro y a deficiencias en la recopilación de datos. El debate refleja una disputa más amplia sobre cómo el país contabiliza a los desaparecidos, una crisis vinculada a la violencia del crimen organizado y a la impunidad persistente, en la que muchas familias se ven obligadas a buscar a sus seres queridos por su cuenta.
