La Inter-American Court of Human Rights ordenó a Peru pagar reparaciones por la muerte en 1997 de Celia Ramos, madre de tres hijas que falleció tras ser presionada para someterse a una esterilización durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. El fallo marca la primera vez que el máximo tribunal regional de derechos humanos se pronuncia sobre el programa de esterilizaciones forzadas en Perú, el cual afectó de manera desproporcionada a mujeres pobres e indígenas. Ramos tenía 34 años cuando murió semanas después de una ligadura de trompas realizada en un centro de salud estatal bajo condiciones negligentes y sin el equipo médico adecuado.
Según el tribunal, Ramos sufrió una grave reacción alérgica durante la cirugía y no fue trasladada a cuidados intensivos hasta aproximadamente 30 minutos después. Falleció 19 días más tarde y las autoridades no realizaron una autopsia adecuada ni ofrecieron a su familia una explicación clara. Como parte de la sentencia, Perú deberá pagar alrededor de 340.000 dólares a la familia de Ramos por gastos médicos y la pérdida de ingresos futuros. Aunque el proceso penal contra Fujimori fue anulado en 2024 antes de su muerte, las investigaciones continúan para determinar la responsabilidad de otros exfuncionarios, incluidos exministros de Salud.
